Han pasado 20 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) divulgara los detalles del conflicto armado interno en el período 1980-2000, pero los efectos y las causas que lo originaron siguen latiendo al interior de la sociedad peruana.
La salida abrupta del poder del presidente Pedro Castillo (2021-2022) y el inicio de la Presidencia de Dina Boluarte, han dejado al descubierto profundas heridas que la narrativa instalada tras el fin del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) había dado por superadas, o al menos, aliviadas.
Así, las miles de personas que desde diciembre de 2022 se han volcado repetidamente a las calles a demandar la realización de elecciones generales anticipadas, el cese del Congreso y la instalación de una asamblea constituyente, han sido ferozmente reprimidas.
Aunque el Gobierno ha reconocido tímidamente el uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados, también ha justificado sus acciones, al asegurar que se trataba de manifestantes violentos e incluso de «terroristas», la peor acusación que se le puede lanzar a un peruano.
Bajo este punto de vista, el Estado aparece como el defensor de la paz nacional contra un enemigo interno al que hay que combatir a cualquier precio, dado que otrora fue capaz de arrinconar a las autoridades y dejar a su paso una estela de sangre y terror.
Violaciones a los DD.HH. con sesgo racista
La ola de protestas masivas que sacudió al Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se saldó con 67 personas muertas y 1.785 heridos, en su mayoría por choques directos con la Policía y el Ejército, según se lee en un reporte diario de la Defensoría del Pueblo fechado el 3 de mayo de 2023, en el que se apunta que la última víctima fatal falleció el 21 de marzo en Cusco.
Un informe presentado el pasado mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), también alude a estos eventos, con particular énfasis en la afectación sobre personas que no tomaban parte de las manifestaciones.
Entre otros asuntos, el documento detalla la represión desatada en la ciudad de Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, cuando 10 personas fallecieron producto de la respuesta de las fuerzas del orden en el contexto de las manifestaciones, aunque se comprobó que algunas víctimas no participaban de la refriega.
Con información de Actualidad.RT.com
