La herida sigue abierta. La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, marcó un punto de inflexión en México, al revelar descarnadamente la connivencia de las autoridades con agentes del crimen organizado.
El uso del aparato del Estado para ocultar los hechos, acaecidos en el estado mexicano de Guerrero, y fabricar una «verdad histórica», que terminó siendo desechada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde julio de 2020, ha dado paso a una nueva indagatoria que no está exenta de polémica.
Nueve años después, los deudos de los normalistas señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de ocultar información relevante para conocer el paradero de los estudiantes durante la llamada Noche de Iguala, así como el establecimiento definitivo de las responsabilidades de los involucrados en el caso de todos los niveles.
¿Qué piden los padres de los normalistas?
En particular, los padres han solicitado los oficios emitidos entre abril y octubre de 2014 por el Centro Regional de Formación de Inteligencia (CRFI) de la región centro, una entidad que entonces operaba en Iguala.
A estos efectos, el pasado miércoles, en medio de un encuentro presencial en el Palacio Nacional, los familiares de los 43 entregaron a López Obrador folios del CRFI con tachaduras y demandaron la apertura íntegra de los archivos del Ejército, donde reposarían las versiones completas de los documentos, recoge Tlachinollan, una organización de derechos humanos que acompaña a los padres de las víctimas.
Reclamaron, asimismo, la transcripción completa de las interceptaciones telefónicas a Guerreros Unidos correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014, en las que se relata que 17 de los 43 estudiantes habrían sido trasladados vivos a la Brecha de Los Lobos, otro paraje dentro del estado de Guerrero.
Con información de Actualidad.RT.com
