El presidente de Argentina, Javier Milei, pretende frenar la movilización del próximo 24 de enero contra la Ley Ómnibus que busca “dar un giro a la historia” de la nación suramericana; con su famoso protocolo antipiquetes y multas con montos millonarios.
En concreto, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) convocó a un paro nacional de 12 horas con movilización hacia el Congreso.
Dicha medida —refiere Página12— fue respaldada por las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) así como Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, manifestó que “el objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus y hacer una gran movilización el 24”.Estos dichos fueron cuestionados por el propio Javier Milei, quien calificó a Moyano como “el enemigo”.
Los organizadores afirman que se estará ante una convocatoria histórica, por lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que activará su protocolo antipiquete, mientras continúa con las presiones para el pago de multas millonarias.
Según el portal Mundo Gremial, en las últimas horas se conoció que el Ministerio de Seguridad comenzó a enviar notificaciones a distintos gremios para notificarlos del monto a pagar por la movilización realizada el 27 de diciembre, cuando la central obrera marchó hacia Tribunales para presentar el amparo contra la vigencia del Capítulo IV del DNU, referido a las modificaciones en la legislación laboral argentina.
El Ministerio de Seguridad intimó a las organizaciones sindicales que participaron de la marcha de diciembre, a pagar la suma de 40.000.000 de pesos argentinos en un plazo de 10 días hábiles.
Con respecto a estas multas, desde la central obrera lo calificaron como una provocación, por lo que presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno de Milei.
Mientras, desde la CTA Autónoma afirmaron que las multas, penas o supuestos pagos solidarios representan en realidad “actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”.
Con información de Últimas Noticias
