La reducción del Estado argentino impulsada por el presidente Javier Milei avanza a pasos agigantados. Entre diciembre y mayo, 25.200 empleados dejaron de trabajar para la Administración nacional y empresas y organismos públicos y la cifra ya se acerca a los 30.000 con la nueva ola de despidos ejecutada en los últimos días.
El sindicato de trabajadores estatales ATE contabilizó la no renovación de 2.300 contratos a 30 de junio, pero cree que la cifra total puede acercarse a los 5 mil. El Gobierno aplaude los despidos en algunas áreas que considera innecesarias; para los sindicatos significa desmantelar importantes políticas públicas debido a la falta de personal y a la subejecución presupuestaria.
La mayoría de ministerios se han visto afectados, pero el recorte más drástico ha sido en la ex cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.
“Del total de 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado”, confirmó el lunes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
“240 empleados fueron eliminados en la primera etapa [31 de marzo] y 685 en la segunda etapa. Bajo esta Administración no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, subrayó.
Algunas políticas de género se han frenado del todo, mientras que otros programas han sido reducidos al mínimo. Entre estos últimos está la línea telefónica 144 de asistencia a víctimâs de viølencia de género, que funciona las 24 horas durante los siete días de la semana, o el programa Acompañar, que ofrecía una ayuda económica para que las mujeres sin recursos pudieran abandonar la vivienda que compartían con el maltrâtador y/o abusâdor.
“En la línea 144 quedaron turnos con sólo dos trabajadoras, el programa Acompañar quedó con menos del 50%”, alerta la delegada de ATE Nani Smith.
Varias organizaciones civiles han denunciado al Poder Ejecutivo ante la justicia por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de género y exigen una medida cautelar que deje en suspenso los despidos.
Las áreas de derechos humanos, desarrollo social y salud están también entre aquellas con mayor número de bajas. “El Gobierno realiza despidos masivos que suponen un ataque directo a políticas de atención a la población más vulnerable en un momento en el que ha crecido la pobreza y la indigencia”, critica la secretaria general de ATE en desarrollo social, Ingrid Manfred.
“Es una situación muy crítica a la que se añade la parálisis total de políticas públicas, con una ejecución presupuestaria prácticamente nula y la decisión de suspender la entrega de alimentos y de medicamentos”, puntualizó.
Los despidos se extienden a casi todas las empresas y organismos públicos del Estado, que rondan el centenar. Milei ordenó en febrero el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el mes siguiente el cierre de la agencia de noticias Télam, donde trabajaban 700 personas.
Con información de Globovisión
