Organizaciones ambientalistas y movimientos sociales de Panamá presentaron este miércoles ante la Embajada de Canadá en el país un informe sobre la viölación de los derechos humanos durante las protestas contra proyectos mineros en octubre y noviembre de 2023.
En un comunicado de prensa se notificó que también le plantearon seis peticiones a Canadá, entre las que sobresale su exhorto a que se «pronuncie públicamente a favor del derecho humano a la protesta y no apoye la crimïnalización de los defensores ambientales».
El reporte contabiliza cuatro müertes, cientos de hëridos y más de 1.500 detenciones arbitrarias, además de medidas punitivas y represalias contra diversos grupos que se adhirieron a la huelga nacional durante las manifestaciones del año pasado.
¿Qué pasó?
En ese sentido, pidieron a la representación canadiense activar el programa correspondiente para proteger a los defensores ambientales y retirar el apoyo económico, político y comercial a la empresa Minera Panamá «por los grâves daños cometidos contra la naturaleza».
El 20 de octubre de 2023, el Gobierno que en ese momento presidía Laurentino Cortizo firmó la Ley 406, que renovó por 20 años el contrato entre el Estado y Minera Panamá en una mina de cobre a cielo abierto, ubicada en una zona de bosques tropicales.
En ese sentido, ahora estas agrupaciones piden a la Embajada canadiense que «apoye al Gobierno de Panamá en el cumplimiento del fallo» de la CSJ. Y, de la misma forma, que «priorice los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses de una empresa».
Con información de Actualidad.RT.com
