En la reciente Cumbre de Inteligencia Artificial celebrada en París, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido decidieron no firmar el documento final que pedía un uso «ético y seguro» de la tecnología. El vicepresidente estadounidense, J.D Vance, criticó la «sobrerregulación» europea y abogó por un régimen regulatorio internacional que promueva la tecnología de IA en lugar de restringirla. El documento defendía que el desarrollo de la IA debe basarse en los derechos humanos, ser centrado en el ser humano, ético, seguro y de confianza, y resaltaba la necesidad de reducir las desigualdades y apoyar a los países en vías de desarrollo.
Washington y Londres se opusieron al texto que proponía una reflexión global sobre seguridad, desarrollo sostenible, derechos internacionales y derechos humanos, así como la igualdad de género y la protección de los derechos de los consumidores y de la propiedad intelectual. Los países firmantes se comprometieron a desarrollar la IA siguiendo estos principios y a evitar una concentración empresarial, fomentando un mercado laboral positivo y sostenible.
Como parte de los compromisos, se anunció la creación de una plataforma para el desarrollo de la IA que estrechará la distancia entre las iniciativas del sector privado y del público, con una metodología transparente y sometida a auditoría. Esta plataforma busca desarrollar un ecosistema de IA de interés común, accesible para todos y por todos. Sin embargo, la negativa de Estados Unidos y Reino Unido a firmar el documento final plantea desafíos para la colaboración internacional en el ámbito de la inteligencia artificial.
