Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha ordenado la suspensión de todas las nuevas solicitudes de asilo, cancelado el reasentamiento de refugiados, congelado la contratación y el gasto del gobierno, vaciado parcialmente las agencias establecidas por el Congreso, tomado medidas para prohibir la transición de género en adolescentes y ofrecido un acuerdo de finiquito para cientos de miles de empleados federales.
El torbellino de acciones unilaterales, en línea con sus promesas de campaña, ha forzado los límites del poder presidencial, además de desatar una ola de impugnaciones legales de demócratas, sindicatos y juristas.
Los tribunales federales han sido, hasta ahora, los únicos obstáculos importantes a la agenda de Trump.
Los jueces han suspendido temporalmente algunas de sus decisiones más polémicas, como la propuesta para poner fin al derecho de nacionalidad por nacimiento, recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Pero Trump sigue presionando y parece dirigirse a un enfrentamiento con el poder judicial que eventualmente podría llegar al tribunal más alto del país.
Esta semana, un juez de Rhode Island afirmó que el gobierno de Trump está desafiando clara y abiertamente su orden judicial de descongelar miles de millones de dólares en fondos federales.
La Casa Blanca respondió que «todas las acciones» que tomó el presidente fueron «completamente legales».
Fuente: BBC NEWS MUNDO
