Joe Biden comenzó su Gobierno con un gran gesto al electorado latino. En sus primeras horas en la Casa Blanca, el presidente envió al Congreso una ley que pretendía “devolver la humanidad y los valores estadounidenses” al sistema de inmigración. La norma pretendía dar automáticamente permisos de residencia (green cards) a dreamers, personas protegidas por el TPS y campesinos indocumentados que estuvieran en Estados Unidos antes de 2021. La ley fue a morir al Capitolio, donde se estrelló ante el muro republicano en Washington. Ese mismo presidente ha presentado 40 meses más tarde una polémica restricción al asilo, una medida considerada como la más dura adoptada por un demócrata en el poder.
¿Qué ha llevado a Biden a dar este golpe de efecto en un año electoral? La distancia entre las dos medidas no es una línea recta, sino un camino accidentado que ha sido dibujado por el pragmatismo de la Administración y el capricho de la opinión pública, que ha virado a la derecha en el tema de inmigración después de la severa herencia de Trump. Puede pensarse que Biden ha dado pasos adelante con el objetivo que se propuso, pero también ha retrocedido en otra dirección.
El legado del Gobierno en política de inmigración se construyó en los primeros meses de su llegada al poder. Además de la ley, que creaba una ruta clara de ocho años para que 10,5 millones de personas tuvieran papeles, siguieron una serie de decretos y medidas. Elevó el límite de refugiados que podían ingresar a Estados Unidos y que Trump había mantenido en mínimos. También reactivó el otorgamiento de permisos de residencia, que el expresidente congeló en 2020 con la excusa de la emergencia sanitaria.
En los primeros meses de la Administración demócrata, Biden intentó contrastar con su antecesor. Fue una de sus promesas de campaña. “Es un fracaso moral y una vergüenza nacional cuando un padre y su bebé müeren ahogados en nuestras costas. Cuando niños son encerrados en abarrotados centros de detención y el Gobierno debe mantenerlos ahí de forma indefinida”, aseguraba el entonces candidato en su página web. Entre sus compromisos estaba tomar acciones urgentes para deshacer el legado de Trump y modernizar el sistema de inmigración.
La realidad lo forzó a tomar otras rutas. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año fiscal 2020 las autoridades migratorias documentaron unas 646.000 detenciones. La pandemia es en parte responsable de este número bajo para una zona de mucha actividad como es la frontera con México. Un año más tarde, no obstante, el primero de Biden en el poder, las aprehensiones llegaron a 1,9 millones. La cifra siguió disparándose hasta alcanzar los 2,5 millones el año pasado.
Thomas Homan, un exfuncionario de la era Trump que dirigió la policía encargada de deportar indocumentados, asegura que esa enorme cantidad de inmigrantes pone a prueba la capacidad de respuesta de la Patrulla Fronteriza, la fuerza federal que vigila los más de 3.000 kilómetros de línea con México. Para poder procesar tales números se necesitó que muchos elementos atendieran grandes grupos, dejando varios kilómetros de la división sin apenas supervisión.
Con información de Globovisión
