El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este martes a favor del estado de Texas permitiéndole la entrada en vigor de una polémica ley que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.
El texto legal, conocido como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes, que piden la anulación de este texto por ser inconstitucional.
Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.
Pero este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.
Lo que castiga la ley
La ley promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, está considerada como una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
Ella convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, pero la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Lucha en los tribunales
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de este martes como “decepcionante”.
