El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin pérdida de salario, así como la nueva normativa de registro horario digital de las jornadas de los trabajadores. Se trata de unas medidas que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva negociando con sindicatos y patronal desde enero del año pasado y que finalmente solo ha contado con el apoyo de CCOO y UGT, aunque ha logrado superar las diferencias que mantenía su cartera con la de Economía -a cargo de Carlos Cuerpo- sobre su aplicación.
Con la aprobación del anteproyecto, el Gobierno también ha endurecido las sanciones económicas y multará con hasta 10.000 euros por trabajador a aquellas empresas que no cumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Las sanciones se han vuelto más estrictas debido a dos cambios clave. Primero, las multas se aplicarán individualmente por cada trabajador afectado en lugar de imponerse de manera global a la empresa. Segundo, el importe de las sanciones, consideradas infracciones graves por parte de los empresarios, será más elevado, aumentando el límite máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
