El Salvador retiró el estatus de moneda de curso legal al bitcoin, menos de cuatro años después de haber sido el primer país en adoptarlo bajo el impulso del presidente Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Ley Bitcoin, modificando seis artículos y eliminando tres. Como resultado, el bitcoin deja de ser una moneda oficial y su uso se limita a intercambios voluntarios entre ciudadanos y empresas privadas, en lugar de ser obligatorio. La reforma fue presentada por la ministra de Turismo a petición de Bukele, quien no ha comentado públicamente sobre el tema.
Este cambio ocurre en un contexto económico complicado, en medio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 1.400 millones de dólares. Como parte de estas negociaciones, el FMI estableció la mitigación de riesgos asociados al bitcoin como una condición clave para la aprobación del financiamiento. En diciembre, el gobierno salvadoreño y el organismo internacional llegaron a un acuerdo técnico, pero la implementación de ciertos requisitos era necesaria para la aprobación final del préstamo en febrero.
La reforma generó confusión y críticas debido a la ambigüedad en la redacción de algunos artículos. En particular, la eliminación del término «moneda» en el primer artículo, pero la permanencia de la frase «de curso legal», causó desconcierto. Expertos como la economista Julia Evelin Martínez explican que esto significa que el bitcoin podrá usarse en transacciones si ambas partes lo acuerdan, pero no será de aceptación obligatoria. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, señaló que el objetivo de la reforma es precisamente eliminar la obligatoriedad del bitcoin, aunque la redacción no sea clara.
Con esta modificación, los comercios, empresas e instituciones públicas ya no estarán obligados a aceptar bitcoin, y tampoco podrán pagarse impuestos ni deudas del Estado con la criptomoneda. Según el artículo 12 reformado, todas las obligaciones monetarias del Estado deberán pagarse en la moneda en la que fueron contraídas. Ni el presidente Bukele ni su partido Nuevas Ideas han emitido comentarios al respecto, lo que deja preguntas abiertas sobre el impacto y las razones detrás de este cambio en la política económica del país.
