El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha comenzado el conteo de los votos tras las elecciones judiciales celebradas este domingo 15 de diciembre, en las que más de 7,3 millones de ciudadanos participaron para elegir a 19 de los 26 miembros de las altas cortes del país. El Presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que se espera que los resultados definitivos estén disponibles en un plazo de tres días, mucho antes del límite de siete días establecido por la ley.
Hassenteufel destacó que la jornada transcurrió con normalidad y sin reportes de incidentes relevantes. El Vocal del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que para las 20:00 horas locales del domingo, los tribunales electorales departamentales habían recibido un total de 1.889 actas de votación.
Durante las elecciones, figuras políticas como el expresidente Evo Morales y el exmandatario Jorge Quiroga también ejercieron su derecho al voto. Morales, quien cumplió con su “deber” ciudadano, expresó su preocupación por lo que consideró un proceso “ilegal” e “inconstitucional” debido a la extensión del mandato de los jueces. Por su parte, Quiroga también votó pero reiteró su rechazo a estos comicios, afirmando que no solucionarán la grave crisis judicial que Bolivia enfrenta desde hace más de 15 años.
El proceso electoral de este domingo eligió a jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en algunos departamentos del país, como Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, los votantes no pudieron seleccionar a los magistrados del TCP, mientras que en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca los comicios se desarrollaron con normalidad.
Este proceso electoral fue necesario debido a la extensión del mandato de los magistrados seleccionados en 2017, cuyo periodo debía haber finalizado a principios de 2024. Sin embargo, en diciembre de 2023, el TCP decidió prorrogar sus mandatos debido a las dificultades para realizar las elecciones el año pasado, lo que se justificó como una medida para evitar un vacío de poder en el sistema judicial del país.
Con información de: El Universal.
