Las autoridades guatemaltecas deben garantizar una segunda vuelta libre y justa el 20 de agosto de 2023, señalaron hoy la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch.
En medio de los intentos de interferir en las elecciones por parte de actores políticos y varias instituciones gubernamentales, la atención sostenida de la comunidad internacional sigue siendo crucial para salvaguardar el derecho al voto de todos los guatemaltecos y asegurar una transferencia pacífica del poder.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quedó en primer lugar con el 15,7% de los votos; seguida de Bernardo Arévalo, un candidato anticorrupción y líder del movimiento progresista Semilla, que obtuvo el 11,8%.
El 26 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TES) anunció que Torres y Arévalo competirían en la segunda vuelta, el 20 de agosto.
Desde entonces, los partidos que perdieron y el Ministerio Público han tomado medidas que buscaron socavar el derecho al voto y han perseguido al movimiento Semilla a través de procesos legales.
“La democracia está en juego en Guatemala”, dijo Ana María Méndez-Dardón, directora de WOLA para América Central.
“El país está al borde de una crisis social y política sin precedentes. Una supervisión internacional robusta será clave para evitar esta crisis y ayudar a proteger la integridad de la voluntad popular”.
El 30 de junio, varios partidos políticos presentaron una demanda ante la Corte de Constitucionalidad alegando que los resultados de la primera vuelta habían estado afectados por votos fraudulentos e irregulares.
Sin embargo, observadores electorales locales e internacionales no reportaron evidencia alguna de fraude o de irregularidades significativas que pusieran en duda los resultados.
La Corte de Constitucionalidad suspendió, el 1 de julio, el anuncio de los resultados electorales y ordenó un nuevo proceso para impugnar las supuestas irregularidades en la votación. Sin embargo, las autoridades no encontraron tales irregularidades y el 10 de julio la Corte Suprema sostuvo que las autoridades habían cumplido la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y aprobó el anuncio de los resultados electorales.
Con información de Wola
