Las últimas horas en Guatemala volvieron a ser turbulentas. La semana empezó bien, pero en pocas horas descarriló. El lunes el presidente electo Bernardo Arévalo tuvo la segunda reunión de transición con el presidente en funciones, Alejandro Giammattei, en la que recibió mucha información de primera mano con datos sobre la gestión. Todo esto con la observación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Veinticuatro horas después, todo lo bueno de esa reunión se desvaneció. La Fiscalía allanó el martes instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y empezó a abrir cajas donde estaban guardados los votos, algo que tanto la OEA como el gobierno electo y el propio tribunal consideraron un ataque directo a la democracia.
La Ley Electoral de Guatemala establece que el único organismo habilitado para manejar los votos es el TSE y este allanamiento, por parte de funcionarios de una Fiscalía acusada de corrupción, es otro golpe más a un proceso electoral que viene siendo muy polémico por interferencias judiciales.
A la noche de ese mismo día, Arévalo convocó a una conferencia de prensa en la que consideró que los episodios protagonizados por el Ministerio Público (MP) en las instalaciones del TSE era parte de un “golpe de Estado en proceso”.
Allí el presidente electo pidió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, así como del fiscal que lleva adelante estas acciones, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quien ha habilitado estos movimientos. Porras, Curruchiche y Orellana están en una lista negra de Estados Unidos que señala a funcionarios corruptos de la región y tienen prohibido el ingreso al país norteamericano.
“Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo”, dijo Arévalo en rueda de prensa.
Con información de Infobae
