La Procuraduría General Nacional suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva y lo llamó a juicio disciplinario por el caso que se adelanta en su contra que tiene como origen el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons.
La noticia la comunicó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo.
El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons.
La Procuraduría tomó la decisión de suspender al canciller Leyva “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que funge como nuevo director del nuevo proceso contractual que se adelante para la gestión de pasaportes”.
En esta decisión de la Procuraduría, además, el Ministerio Público archivó la investigación que por estos mismos hechos se adelantaba contra el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.
Con información de El Universal
