La presidenta peruana Dina Boluarte habría promovido a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estuvieron relacionados con varias de las 67 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a marzo de 2023, según reportó el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Se trata de cinco generales de la PNP que eran jefes de las regiones y frentes policiales de Apurímac, Junín, Lima, Ayacucho y Puno. En las dos últimas, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo «graves violaciones» cometidas por las fuerzas de seguridad.
Los primeros seis decesos se produjeron en la región de Apurímac entre el 9 y el 14 de diciembre de 2022, durante enfrentamientos de la población movilizada y miembros de la PNP. Entre los fallecidos se contaron dos adolescentes.
La máxima autoridad en la zona era el general Luis Flores Solís, quien casi tres meses después fue trasladado a Lima, donde pasó de un cargo a otro hasta ser ascendido a jefe de la Dirección contra el Terrorismo.
A finales de 2022 murieron tres personas en Pichanaqui (Junín), donde mandaba el general Gregorio Martín Villalón Trillo, quien igualmente fue llamado por Boluarte a la capital peruana y reasignado como director de Medio Ambiente de la PNP.
Detrás de la «masacre»
El general Carlos Omar Bravo Cáceres, quien era el jefe policial de la región Puno cuando fallecieron 19 personas en la ciudad de Juliaca, fue llevado a Lima para encargarse de la Jefatura Nacional de Inspecciones de la PNP.
En un informe publicado el año pasado, la CIDH condenó los hechos acaecidos en Juliaca e instó a que «las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial».
Por su parte, el general Antero Rosendo Mejía Escajadillo encabezaba la represión policial en Ayacucho, donde fallecieron 10 personas.
De acuerdo a Hildebrandt en sus Trece, primero fue enviado a la región de Piura y luego «premiado» con un viaje a Israel por 18 días para participar en un curso de seguridad ciudadana.Actualmente se desempeña como director de Seguridad Ciudadana de la PNP.
La CIDH consignó que «al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar», lo ocurrido en Ayacucho «podría calificarse como una masacre».
Con información de Actualidad.RT.com
