La República Bolivariana de Venezuela, a través del embajador Joaquín Pérez, representante permanente alterno ante la ONU, participó este viernes en la adopción de la «Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincüencia: Fortalecimiento de la cooperación internacional para la lucha contra determinados dëlitos cometidos mediante sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones y para la transmisión de pruebas en forma electrónica de dëlitos grâves».
Durante la sesión en la sede principal del organismo en Nueva York, el diplomático felicitó el trabajo del Comité Especial responsable y puntualizó que este hito alcanzado «representa una oportunidad privilegiada para que esta Organización dé pasos concretos, entre otros, hacia el fin de la perpetración de gølpes cibernéticos, como el que está ahora mismo en curso en nuestro país».
Resaltó que la adopción de la Convención llega en un momento de especial relevancia para Venezuela, por cuanto el pasado domingo, 28 de julio, celebró un proceso electoral, en el que, a pesar del ambiente de paz y civismo, el sistema electoral venezolano, que es totalmente electrónico y automatizado, «ha sido víctimä desde entonces de más de treinta millones de ciberatäques por minuto, cuestión ésta que fue seguida de masivos atâques contra todos los portales gubernamentales» del país.
El embajador denunció que este atäque cibernético masivo se enmarca en una clara operación de desestabilización que pretendía, por una parte, generar un blackout informativo, y por otra, consolidar un gølpe de Estado contra las autoridades e instituciones constitucionales de la nación.
«La magnitud de esta nueva agrësión contra Venezuela, que incluye, precisamente, el uso maliciøso de las TICs, pone de relieve la importancia de esta Convención y de cómo estos denominados ciberdëlitos son utilizados de manera criminãl para avanzar campañas de desinformación; para coartar el derecho a informar y estar informado; para interferir en los asuntos internos de Estados soberanos, incluyendo en sus procesos electorales; para fomentar el câos, la zozobra y el extremismo viølento conducente al terrørismø; para atëntar contra la paz y la estabilidad nacional, regional e internacional; y para incluso pretender imponer regímenes serviles a los intereses de quienes, de manera directa o indirecta, participan o se benefician de la ejecución de estos ciberdëlitos», alertó.
El diplomático además saludó la inclusión en la Convención de lenguaje taxativo sobre la criminalïzación de los atâques contra la infraestructura vital de los Estados, ya que Venezuela, además de su sistema electoral, también ha recibido ataques cibernéticos contra el sistema eléctrico nacional y otros sectores estratégicos, incluyendo la industria petrolera y gasífera.
Pérez precisó que insistieron desde el inicio de las discusiones en que el énfasis de esta Convención debe estar en la prevención y el combate al ciberdëlito, por encima de áreas que ya son abordadas por otros instrumentos internacionales existentes, “de allí que, para nuestro país, los párrafos 6.2, 24 y 40.22 del texto que fue adoptado el día de ayer son incongruentes con lo que estimamos debe ser el objeto de esta Convención».
Con información de El Universal
