Organismos de derechos humanos demandaron la expulsión de los seis diputados oficialistas que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), con el objetivo de intensificar una campaña en favor de su liberación.
«Como esto es un delito político, políticamente hay que resolverlo. ¿De qué manera? Está en manos de ustedes, diputados y diputadas, decidir que estos diputados no puedan seguir representando al pueblo», advirtió Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al participar en la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso para analizar un caso que ha provocado una fuerte crisis en el Gobierno de Javier Milei.
La activista de 94 años aseguró, además, que no se pueden aceptar las justificaciones que ofreció una de las diputadas involucradas en el escándalo, quien aseguró que ni siquiera sabían a quiénes iban a visitar en la prisión.
El Gobierno quedó envuelto en una controversia luego de que el mes pasado el portal La Política Online revelara que Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci, diputados de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente, habían acudido al penal de Ezeiza, ubicado en las afueras de la capital, en donde cumplen sus condenas algunos de los represores más temibles de la última dictadura.
Se trató de un hecho sin precedentes desde que Argentina recuperó la democracia, ya que los represores nunca habían sido visitados por dirigentes partidarios ni representantes de ningún poder del Estado, mucho menos para que promovieran su liberación con el pretexto de que son víctimas de «venganzas», de que los juicios fueron irregulares, o de que, por su edad, la mayoría de ellos merece cumplir prisión domiciliaria.
Con información de Actualidad.RT.com
