Unos 12 millones de franceses y turistas se quedaron este jueves sin poder disfrutar de una crujiente baguette recién horneada o un croissant caliente, al permanecer cerradas las panaderías durante el Día Internacional de los Trabajadores, una situación que ha generado un intenso debate sobre las excepciones laborales para servicios considerados esenciales.
La Confederación Nacional de Panaderías y Pastelerías de Francia lamentó el cierre obligatorio que afectó a unas 35 mil establecimientos en todo el país y que, según sus cálculos, provocó pérdidas estimadas entre 70 y 80 millones de euros (80 a 91 millones de dólares).
“Claro que no encuentro esto normal. Sobre todo que nosotros pensábamos que éramos esenciales, como la prensa y otras profesiones”, declaró a la radio Europe 1 Dominique Anract, presidente de la confederación.
Este debate cobra especial relevancia considerando que en 2022 la baguette francesa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, reconociendo su importancia cultural en la identidad nacional.
Confusión jurídica y vacíos legales
El problema tiene su origen en un vacío jurídico que ha generado confusión entre los propietarios de panaderías. Mientras que durante décadas estos establecimientos habían abierto normalmente el 1 de mayo, el año pasado muchos recibieron inspecciones sorpresa que resultaron en multas y sanciones.
“Desde hace un centenar de años, trabajamos el Primero de Mayo sin problemas”, insistió Anract, señalando la tradición interrumpida por esta interpretación estricta de la normativa laboral.
La situación legal ha resultado especialmente complicada debido a sentencias contradictorias y diferentes interpretaciones de la ley. Recientemente, cinco panaderos de la región occidental de Vendée fueron llevados ante los tribunales por abrir el 1 de mayo de 2023, aunque finalmente todos fueron absueltos la semana pasada, subrayando la ambigüedad existente.
Las multas por incumplir la normativa pueden ser devastadoras para pequeños negocios: 750 euros por empleado adulto y hasta mil 500 euros cuando se trata de trabajadores menores de edad, cantidades significativas para un sector con márgenes de beneficio reducidos.
Con información de: Agencias
