Un grupo de familiares de migrantes venezolanos presuntamente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador ha llegado al país centroamericano para demandar «pruebas de vida» y obtener información sobre el estado de salud de sus seres queridos.
La delegación arribó con un instrumento legal para representar a cuatro familias originarias del estado Táchira, aunque su propósito es abogar por el total de 238 venezolanos que, según sus reportes, se encuentran privados de libertad desde el 15 de marzo.
Estos individuos están siendo señalados de pertenecer a la banda del «Tren de Aragua». Sin embargo, autoridades estadounidenses, investigaciones de organismos de defensa de derechos humanos y reportajes periodísticos han confirmado que muchos de ellos son, en realidad, simples migrantes indocumentados.
El documento legal fue presentado ante la Dirección General de Centros Penales en San Salvador. Contiene una serie de requerimientos fundamentales, entre los que destacan la verificación de que sus familiares están vivos, la comprobación de su estado de salud, la clarificación de su situación jurídica y la exigencia de su libertad inmediata.
Hasta la noche de este martes, ninguna autoridad salvadoreña ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la llegada de los familiares venezolanos.
Por el contrario, en las últimas semanas, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha intensificado sus acciones contra organizaciones de derechos humanos, llevando a cabo la detención de varios de sus líderes.Desde su inauguración en enero de 2023, el CECOT se ha consolidado como la penitenciaría más mediática de América Latina.
Su notoriedad se debe no solo a las producciones audiovisuales de corte cinematográfico difundidas por el Gobierno salvadoreño, sino también a las visitas guiadas que las autoridades han ofrecido a youtubers y creadores de contenido.
A pesar de esta exposición, la información veraz sobre la cárcel es mínima.A la fecha, se desconoce la cifra exacta de prisioneros albergados en esta megacárcel, que posee una capacidad para 40.000 reclusos.
Tampoco se ha revelado el porcentaje de internos que cuentan con una sentencia judicial. Las entrevistas concedidas a algunos periodistas seleccionados por el Gobierno se han efectuado bajo la supervisión de custodios o del equipo de comunicaciones de la Presidencia. Además, el acceso a organismos de derechos humanos independientes, así como las visitas de abogados o familiares, están restringidos.
Con información de Globovisión
