El fiscal general de Venezuela reveló este lunes los atroces ăbůsøs sufridos por 252 ciudadanos venezolanos en un centro de detención en El Salvador, calificando el recinto como “una de las peores cárceles del planeta”. Tras una intensa operación de repatriación y recopilación de testimonios, se documentaron hechos que configuran graves vïölăciøněs a los derechos humanos, incluyendo tørtůrăs sistemáticas, tratos crůĕlĕs, vïølĕncïa sĕxůăl y detenciones arbitrarias sin ningún tipo de debido proceso.
Durante los días viernes, sábado y domingo, un equipo de 81 funcionarios del Ministerio Público, entre fiscales, médicos forenses y expertos en derechos humanos,entrevistó a los repatriados en el aeropuerto de Maiquetía. Las denuncias revelan privaciones ilegítimas de libertad, encierros prolongados en celdas sin ventilación ni luz solar, alimentación en estado de descomposición, negación de atención médica, golpes con perdigones y agresiones sĕxůalĕs, entre otros crímenes documentados.
El fiscal responsabilizó directamente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien señaló como autor intelectual de estas prácticas ïnhůmănas. “Fue él quien dirigió, ordenó y vigiló con cámaras cada una de las tørtůrăs ”, aseguró. También condenó la inacción de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de El Salvador, instituciones que habrían legitimado las desapariciones y măltrătøs, al desestimar las comunicaciones enviadas por Venezuela desde marzo de este año.
La investigación venezolana incluye pruebas médicas y psicológicas que evidencian lĕsïønĕs físicas, como quemaduras, hematomas y contusiones, así como diagnósticos de trăstørnø de estrés agudo, intentos de sůïcïdïø y severas secuelas mentales. Hasta el momento, se han recabado 123 denuncias formalmente documentadas, las cuales serán utilizadas para abrir procesos penales por crímĕnĕs de lesa humanidad.
El Ministerio Público informó que se han designado tres fiscales con competencia nacional para abordar el caso, además de iniciar una ofensiva legal ante organismos internacionales de derechos humanos. “Esto no puede quedar impune”, concluyó el fiscal, quien anunció que en los próximos días se harán públicos los testimonios audiovisuales de las víctimas y nuevas acciones legales para exigir justicia a nivel global.
