El Ministerio Público de Venezuela ha intensificado las acciones legales y diplomáticas para brindar asistencia a los ciudadanos venezolanos deportados desde El Salvador, quienes han denunciado tratos crůĕlĕs, vïølaciønĕs a sus derechos humanos y dĕtĕnciønĕs arbitrarias durante su permanencia en ese país. Las autoridades venezolanas aseguran que se está documentando cada caso para canalizar respuestas institucionales efectivas.
A través de la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, se han iniciado procedimientos para tomar declaraciones a los ciudadanos ăfĕctadøs, evaluar condiciones de su detención y coordinar medidas de protección jurídica. Además, se brinda atención psicosocial y orientación legal gratuita, en conjunto con organismos de derechos humanos nacionales.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que muchos de los venezolanos deportados habrían sido privados de libertad sin debido proceso, y que algunos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) sin pruebas ni representación legal. Saab señaló que se ha abierto una investigación formal en Venezuela para documentar estos hechos y exigir responsabilidades internacionales.
Como parte del acompañamiento, se han realizado gestiones con organismos multilaterales para denunciar estos casos ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo es establecer mecanismos de protección que prevengan nuevos ăbůsøs y garanticen justicia para las víctïmăs.
Estas acciones responden a instrucciones del presidente Nicolás Maduro, quien ha exigido el respeto al derecho internacional y la dignidad de los venezolanos en el exterior. El Estado venezolano ratifica su compromiso de proteger a sus ciudadanos frente a cualquier forma de trato inhumano, especialmente cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad fuera del territorio nacional.
Con información de: Globovisión
