El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió intensificar las restricciønes en medio de la tęnsión nacional que ha provocado el fin del subsidio al diésel. A solo cinco días de la medida económica y a pocas horas de que organizaciones sociales confirmaran un paro nacional, el mandatario extendió el estado de excępción y decretó un toque de queda en cinco provincias.
La resolución se justifica en reportes de prensa que señalan a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como principal promotora de movilizaciones desde el pasado 18 de septiembre. Según la Presidencia, las acciones buscan “incrementar actos de vïølëncïâ” y afęctan el derecho al trabajo, la libre circulación y el desarrollo económico de otros ciudadanos.
La medida no se limita únicamente a Chimborazo, provincia donde inicialmente se aplicó, sino que ahora abarca durante 60 días a Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, bajo el argumento de “grâvę conmøción interna”.
Por su parte, la Conaie respondió con firmeza. Su presidente, Marlon Vargas, leyó un pronunciamiento en el que rechazó lo que calificó como criminalïzâción de la prøtęsta social. Además, invocó el derecho constitucional a la resistencia y pidió vigilancia internacional a organismos como la ONU y la CIDH frente a lo que consideran un escenario de represión.
En paralelo, la Conaie anunció un “estado de excepción comunitaria” en los territorios indígenas, declarando la prohibïción de ingreso de fuerzas de seguridad estatales y llamando a la activación de guardias comunitarias para resguardar a sus habitantes.
Con información de: El Universal
