Desde comienzos de este mes, el gobierno del presidente de centroderecha de Bolivia, Rodrigo Paz, ha estado enfrent@ndo la que ha sido, sin dudas, la crisïs más grave desde que asumiera el poder el 8 de noviembre del año pasado. Miles de personas han protest@do en las calles en contra de sus políticas económicas, fundamentalmente neoliberales, y en los últimos días le ha llegado hasta la exigencia de que presente su renuncia.
Las señales de descontento, que se han venido expresando por fases, habían comenzado a producirse desde enero, cuando el mandatario promulgó el Decreto Supremo N° 5503, con el cual eliminó los subsidios al petróleo y al gas. Se exacerbaron en marzo, cuando los transportistas y mineros reclamaban por la escasez de combustible y la adulteración del importado.
La mecha incendiaria tuvo otro elemento con la promulgación de otra polémica ley el 10 de abril, la 1720 (también conocida como Ley de Reconversión de Tierras), con la cual autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir las pequeñas propiedades rurales en medianas, bajo el argumento de que con dicho instrumento legal se reducirían las desigualdades en las áreas rurales. Las fuertes movilizaciones de rechazo obligaron a derogarla.
Intensidad
Apenas arrancando este mes, las protestas cobraron una mayor intensidad: el 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana, llamó oficialmente a un paro general indefinido que comenzó al día siguiente, como medida de presión ante la profunda crisÏs económica, la escasez de divisas y el desabastecimiento de carburantes.
A ello agregó la exigencia de un aumento salarial de al menos 20% y también en respaldo a las comunidades indígenas que luchaban en contra de la mencionada Ley 1720, que para ese momento aún no había sido derogada.
Desde entonces, los bloqueos de carreteras se han multiplicado, mientras la paralización de labores ha ido extendiéndose por sectores, como los del magisterio, cuya dirigencia, además de las mejoras salariales, está planteando un incremento sustancial en los presupuestos para el sector educativo.
Los sindicatos del transporte, por su parte, han demandado al gobierno de Paz que cumpla con los acuerdos firmados. Entre ellos está el de mejorar la calidad del combustible importado, al que han calificado como “basura”. También exigen el reembolso de las pérdidas producidas por los daños que, a consecuencia de esto, están sufriendo sus vehículos y que se materialice el prometido convenio con la Universidad Estatal de San Andrés, de manera que sus equipos técnicos elaboren informes diarios sobre la calidad de la gasolina.
Otro de los elementos que ha contribuido a aumentar las molestias entre los bolivianos es que el presidente integró su gabinete principalmente con empresarios conservadores, lo cual ha desatado el repudio de los sectores obreros, indígenas y campesinos, que se consideran excluidos en la toma de decisiones gubernamentales.
Con información de: Últimas Noticias
