La reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico estipula que las concesiones a operadores privados se otorgarán por un plazo máximo de 25 años prorrogables por otros 15 años. Al extinguirse el contrato, la infraestructura pasará automáticamente al Estado a costo cero y sin derecho a indemnización, resguardando así los bienes de la República. El Ministerio del área mantendrá además la facultad de ejecutar intervenciones preventivas o definitivas ante quiebras o riesgos de interrupción del suministro.
El nuevo marco regulatorio exige a las industrias y centros comerciales contar con sistemas de autogeneración operativamente independientes del Sistema Eléctrico Nacional para no saturar las redes públicas. La legislación fija un límite de consumo de dos megavatios a partir del cual es obligatorio tramitar una habilitación especial ante las autoridades de energía eléctrica. Asimismo, aquellos modelos corporativos que requieran hidrocarburos para sus plantas independientes deberán gestionar los permisos correspondientes ante el ministerio competente en esa materia.
Por otra parte, la normativa empodera directamente al ciudadano común al segmentar las obligaciones operativas del sector por cada área de prestación. Bajo este esquema legal, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedan obligadas por ley a compensar económicamente a los usuarios residenciales por daños causados debido a apagones o deficiencias de calidad. En el ámbito corporativo, la legislación autoriza la conformación de empresas mixtas de capital público o privado para realizar labores de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio.
Finalmente, las actividades del sector eléctrico estarán sujetas al régimen tributario general nacional, estadal y municipal, bajo principios de progresividad. No obstante, el Ejecutivo podrá otorgar exoneraciones totales o parciales de tributos nacionales de forma temporal a empresas mixtas u operadoras privadas en casos específicos. Estos incentivos fiscales aplicarán para proyectos basados en energías renovables, inversiones destinadas a zonas rurales o fronterizas de difícil acceso y la importación de maquinaria crítica que no se produzca en el país.
Con información de Banca y Negocios
