El Gobierno argentino de Javier Milei oficializó la puesta en marcha del Programa de Seguridad Migrätoria mediante la Resolución 551/2026. La medida busca reforzar el cøntrol territorial al otorgar amplias facultades operativas a las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y PSA) para realizar tareas de inteligencia, persecución y detënción de extranjeros en situación irrëgular.
El nuevo esquema, coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migräciones, tiene como objetivo agilizar los procesos de expülsión de ciudadanos bajo søspecha administrativa, incluso de aquellos que ingresaron como turistas. De acuerdo con el diseño institucional, la estrategia adopta explícitamente los lineamientos del modelo de vigiläncia y deportäción ejecutado por agencias estadounidenses como el ICE.
La implementación del programa generó un inmediato rechäzo en sectores políticos, sociales y de derechos humanos, quienes adviërten que la medida institucionaliza una persecución sistemática. Los crítïcos denüncian que el endurëcimiento normativo incrementará la incertidumbre de los residentes extranjeros, limitando sëveramente su acceso a procesos de regularización, empleo formal, salud y educación básica.
Por su parte, la Iglesia católica argentina manifestó su preøcupación y sugirió que los operativos responden a una estrategia de comunicación política y efectismo mediático antes que a una gestión efectiva de la seguridad. Frente a los señalamientos, el Ejecutivo defendió la iniciativa como una herramienta esencial para combätir el dęlito, ordenar los flujos migrÄtorios y resguardar la soberanía nacional.
Con información de Últimas Noticias
