Organizaciones de la sociedad civil en Argentina han alertÄdo sobre el avance de rëstricciones que limïtan el derecho a peticïonar ante las autoridades. Esta situación se desprende de iniciativas gubernamentales recientes que redücen el escrutinio público en procesos clave.
El Gobierno impulsa la regülación de las interacciones entre funcionarios y actores privados mediante un proyecto que equipara a cualquier ciudadano que peticione ante las autoridades con el lobby de empresas y corporaciones. Diversas organizaciones adviërten que esto crimïnalïza la labor social y concentra controles en una autøridad sin independencia.
La administración también elïminó por decreto el escrutinio público obligätorio para la selección de candidatos a jueces de la Corte Suprema, vigente desde 2003, suprimiëndo la instancia donde ciudadanos e instituciones podían presentar observaciones. Asimismo, se elïminó la recomendación de respetar la paridad de género en el máximo tribunal.
Organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, ACIJ y Poder Ciudadano rechäzan estas medidas, argumentando que restringen la intervención ciudadana y debilitan la democracia, al tiempo que aumentan la desconfiänza pública en las instituciones. El politólogo Miguel De Luca señala que este tipo de acciones, comunes en procesos de erosïón democrática, evidencian un ejercicio del poder que busca ëvitar contrapësos, contradicïendo el discurso libertario que excluye libertades sociales fundamentales.
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