El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la suspensión de un fallo judicial durante su proceso de apelación, argumentando que la demanda interpuesta por una coalición de 23 Estados y el Distrito de Columbia resultaba prematura. La representación gubernamental sostuvo que las agencias federales aún no habían culminado la elaboración de las medidas para la implementación de la orden ejecutiva.
Sin embargo, el tribunal desestimó de forma categórica el argumento de la administración y determinó que las entidades estatales demandantes deben responder a las normativas electorales vigentes de inmediato, dada la proximidad de los comicios. En su resolución, la jueza Indira Talwani dictaminó que el Servicio Postal (USPS) carece de competencia y autorización legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo, subrayando además que dicha directriz no puede emplearse como mecanismo de intimidación o amenaza penal contra funcionarios electorales locales.
Alcance de la orden ejecutiva y posturas oficiales
La medida en disputa corresponde a la orden ejecutiva instruida en marzo, mediante la cual se ordena al Departamento de Seguridad Nacional conformar listas de ciudadanos habilitados para el sufragio a partir de bases de datos federales. De igual forma, el decreto mandata al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones contra aquellos funcionarios que envíen papeletas a personas consideradas no elegibles según dichos criterios.
Esta acción legal se suma a las posturas que el mandatario estadounidense ha mantenido históricamente en contra del voto postal. El presidente ha reiterado que este mecanismo beneficia la agenda del Partido Demócrata y sostiene —sin presentar pruebas— que derivó en un fraude generalizado durante las elecciones presidenciales de 2020.
Ante el fallo adverso en esta instancia, el Departamento de Justicia advirtió que no descarta acudir ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para solicitar su intervënción.
Con información: Telesur
