El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes una nueva reforma constitucional que prohíbe la postulación a cargos de elección popular y el desempeño de funciones públicas.
Asimismo, la modificación legislativa contempla la extensión del período presidencial y de otros cargos de representación popular de seis a siete años, al tiempo que estipula formalmente que las normativas extranjeras carecerán de validez e impacto jurídico dentro del territorio nacional.
Por otra parte, la resolución final descartó la anulación de los procesos comiciales, un planteamiento que había generado controversiä durante las jornadas previas y que centró los debates en una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pese a la omisión de este punto, la reestructuración de la Carta Magna consolida una reorganización de los tiempos y condiciones políticas para el acceso al poder público en la nación centroamericana.
Frente a estas modificaciones institucionales, la administración de los Estados Unidos fijó postura formal a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo mediante un comunicado que la medida “socavó la farsa de la democracia en Nicaragua al modificar una vez más la Constitución del país para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de unas elecciones libres y justas”.
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