El presidente Abelardo De la Espriella cerró definitivamente los espacios de diálogo con Comuneros del Sur disidencia del ELN y las estructuras armadâs del Valle de Aburrá. Tras revocar la condición de voceros a sus integrantes y retirar a las delegaciones oficiales, la medida incluyó el traslado de 117 cabecillas a prisiones de alta seguridad y la priorización de extradición a EE. UU. del líder de la facción del ELN.
Este endurecimiento se suma a la previa finalización de las negociaciones con las disidencias de alias «Calarcá», Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Con estas decisiones, el Ejecutivo concreta un giro definitivo en su política de seguridad frente a las organizaciones criminalës.
En paralelo, el Gobierno anunció que apelará la orden judicial que condiciona los ataquês aéreos a la eventual presencia de menores de edad. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que los criterios fijados por el juzgado obstaculizan materialmente el uso de la fuerza aérea contra los grupos armadøs.
La Administración reafirmó su respaldo a las operaciones militares recientes al señalar que la responsabilidad legal y ética recae sobre las estructuras criminalês por incurrir en el reclutamiento ilícito de menores, delito que supera el millar de denuncias ante la Defensoría del Pueblo.
Foto cortesía Presidencia de Colombia
