En un giro radical a la política de orden público del país, el Gobierno nacional oficializó el desmantelamientõ definitivo de todas las mesas de negociación, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación territorial vigentes con grupos armadøs y organizaciones criminalës.
La medida, comunicada por la Presidencia de la República, responde a las instrucciones del jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, encaminadas a clausurar la infraestructura de diálogo heredada por considerarla un escenario de «falsa paz». La decisión sepulta de forma inmediata las conversaciones con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Comuneros del Sur y diversas facciones de las disidencias.
Asimismo, se ordenó el cierre de los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y bandas urbanas en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, junto con la cancelación de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Desde la Casa de Nariño se argumentó además un criterio de eficiencia fiscal, revelando que en el cuatrienio anterior se erogaron más de 7.000 millones de pesos únicamente en honorarios para voceros y negociadores, sin contar los gastos en seguridad y manutención.
El Ejecutivo enfatizó que el Estado no mantendrá escenarios instrumentalizados para prolongar el delito. Quienes manifiesten una voluntad real de paz deberán someterse formalmente a la justicia, mientras que las estructuras que persistan en la violencia serán combatidas con toda la capacidad legítima de la Fuerza Pública.
Foto cortesía Presidencia de Colombia
