El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Rodrigo Paz, aprobó un decreto supremo para extender por 90 días adicionales el estado de excepción instaurado en el país. La medida, que vence inicialmente este 18 de septiembre tras tres meses de vigencia, fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), organismo que dispone de 72 horas para ratificarla o rechazarla por mayoría absoluta.
Desde el Ejecutivo, la decisión es respaldada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien justificó la prórroga ante la existencia de «factores de riesgo» y la necesidad de mantener el orden público y resguardar la reactivación económica. En contraste, la oposición legislativa advierte sobre el impacto institucional de la medida; el expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que la continuidad de la norma podría postergar reformas constitucionales orientadas a la captación de inversión extranjera.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz y diversas organizaciones sindicales denunciaron que el estado de excepción busca criminalizär la protesta social, las movilizaciones y las vigilias territoriales. El descontento popular se ha intensificado a raíz del incremento en el precio del diésel, el deterioro del ingreso familiar y denuncias de persecución contra dirigentes opositores. Ante este panorama, los sectores sociales ratificaron que mantendrán las acciones de resistencia frente a las políticas económicas implementadas por la administración estatal.
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