Sectores académicos y legisladores manifestaron su profunda preocupación ante el anuncio del presidente Abelardo De la Espriella de autorizar la entrada de la Fuerza Pública a las universidades para perseguir a grupos desestabilizadores. La medida ha sido calificada como un grave riesgo de militarización que vulnera la autonomía universitaria y amenaza las libertades dentro de la educación superior.
Desde el Congreso, la representante Isabel Vera (Pacto Histórico) recordó las trágicas consecuencias de intervenciones pasadas en la Universidad del Valle, que dejaron estudiantes heridõs y fallecidøs. En sintonía, la Universidad Pedagógica Nacional advirtió sobre los antecedentes históricos de violenciä estatal y persecución violentä contra la comunidad académica, señalando que estas acciones buscan criminalizâr la protesta social.
Por su parte, rectores y voceros del sector desmintieron que los campus se utilicen para fabricar explosivõs. El rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, precisó que las alteraciones del orden ocurren en las inmediaciones de los recintos, mientras que Óscar Domínguez, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), y el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, coincidieron en que los disturbios son provocados por actores ajenos a la academia.
Frente a esta coyuntura, las autoridades educativas rechazaron las intervenciones policiales masivas y llamaron a defender el marco constitucional. En su lugar, insistieron en fortalecer el trabajo de inteligencia para neutralizar a los grupos externos y abogaron por el diálogo para construir protocolos que protejan tanto la seguridad como la independencia de las instituciones de educación superior.
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