La prohibición del uso de teléfonos móviles en los colegios de Inglaterra ha desencadenado consecuencias económicas imprevistas para las familias que eligen limitar el acceso de sus hijos a la tecnología.
En el condado de Derbyshire, una madre denunció que su hija de 11 años debe abonar más de 500 libras adicionales al año para trasladarse a su centro educativo debido a que las tarifas juveniles de autobús más económicas exigen validación mediante una aplicación móvil, un requisito inaccesible para la menor, a quien sus padres proveyeron únicamente un dispositivo básico sin internet.
Aunque el gobierno local ofrece pases con descuento para estudiantes, la empresa de transporte público argumentó que sus validadoras no están adaptadas para leer tarjetas físicas de identificación, restringiendo la tarifa reducida de forma exclusiva a la plataforma digital.
Frente a los reclamos por discriminación tarifaria, la compañía comunicó que trabaja en el desarrollo de un nuevo soporte físico para menores de edad, en un contexto donde diversas operadoras de transporte regional también imponen el uso de teléfonos inteligentes como condición para otorgar rebajas en los pasajes.
Organizaciones de padres como Smartphone Free Childhood señalaron que estas políticas digitales penalizan tanto a los hogares que buscan retrasar el uso de pantallas como a los de menores ingresos.
Pese a que miles de familias se han sumado a iniciativas para postergar la entrega de dispositivos inteligentes hasta los 14 años, los activistas advierten que la estructuración de servicios públicos esenciales continúa asumiendo que todos los estudiantes disponen de un teléfono de última generación, encareciendo el costo de vida para quienes quedan al margen.
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