Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunciaron que Estados Unidos ha establecido un esquema de externalización migratoria en colaboración con al menos 35 países, mediante el cual se han expulsado cerca de 23.000 personas hacia terceros territorios.
A través de un pronunciamiento conjunto firmado por 23 relatores, encabezados por Gehad Madi, se alertó que estas prácticas exponen a los migrantes a rïesgos severos como persecución y vulneración de derechos fundamentales, al tiempo que contravienen el principio internacional de no devolución.
El documento elaborado por los especialistas señala que estos convenios carecen de transparencia y supervisión democrática independiente. Entre las naciones señaladas por participar en estos acuerdos de recepción y posible reexpulsión figuran México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Ante esta situación, el panel de expertos instó a los Gobiernos involucrados a suspender de inmediato dichos pactos y a garantizar el acceso a procedimientos formales y equitativos de asilo.
La denuncia coincide con las políticas de aceleración de deportaciones implementadas por la administración estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump, orientadas a derivar la custodia de solicitantes de asilo a otras jurisdicciones. El tema ha escalado al plano judicial interno, luego de que el Ejecutivo solicitara a la Corte Suprema revertir un fallo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que frenaba las deportaciones expeditas hacia terceros países.
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