La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), junto a las centrales sindicales CCOO y UGT, acordaron la convocatoria a una huelga general en España para el próximo 11 de noviembre en protesta por la crisïs de acceso a la vivienda.
La medida de fuerza, respaldada por diversas organizaciones territoriales del País Vasco y Galicia, se escenificará dos semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, adelantadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el rechazo parlamentario a dos decretos ley en materia habitacional.
El llamado al paro nacional se mantiene invariable a pesar del reciente paquete de 21 medidas aprobado por el Consejo de Ministros para regular arrendamientos y ampliar el parque inmobiliario, el cual deberá ser ratificado por la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre. De concretarse la jornada, representará el primer paro general respaldado por los principales sindicatos del país en 14 años, situando el problema de la vivienda en el centro de la agenda pública previo al inicio formal de la campaña electoral.
La iniciativa ha generado posturas encontradas entre los diversos sectores del país. Mientras la patronal CEOE y formaciones de oposición como el Partido Popular calificaron la huelga de «política» e «ilegäl» al no responder a un litigio laboral directo, representantes del Ejecutivo y líderes sindicales argumentaron que el costo del alquiler impacta directamente en la capacidad adquisitiva de los salarios.
Por su parte, la vocería del Gobierno interpretó la movilización como una protesta dirigida hacia el Poder Legislativo por haber bloqueado las reformas de protección social.
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