El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso presentado por la Abogacía del Estado y ratificó la suspensión cautelar del derecho al sufragio para 163.020 descendientes de españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la «ley de nietos».
Con la resolución firme del alto tribunal y el inminente cierre del censo electoral, los ciudadanos afectados no podrán participar en las elecciones generales pautadas para el próximo 29 de noviembre.
La decisión judicial argumenta la necesidad de velar por la transparencia e integridad del proceso electoral frente a los recursos presentados contra la norma de nacionalización. El fallo ha provocado un marcado choque político en el país: mientras el Gobierno liderado por el PSOE criticó la limitación del derecho al voto, dirigentes del Partido Popular y Vox respaldaron la postura del Supremo, argumentando la protección del marco legal e institucional.
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