La gestión pública en el estado Cojedes fue objeto de denuncias públicas debido a la instrumentalización de sus instituciones, señalándose que tanto la Gobernación como las nueve alcaldías de la entidad han sustituido los símbolos oficiales por la marca proselitista «Vamos Vamos Cojedes», perteneciente al movimiento político del gobernador Alberto Galíndez.
Según lo expuesto por Enmanuel Castillo, esta práctica vulnera de forma directa el artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual exige la estricta neutralidad de los funcionarios públicos. De igual forma, contraviene los artículos 13, 14 y 54 de la Ley Contra la Corrupción, normativas que prohíben destinar recursos del Estado a la promoción de parcialidades políticas.
Se advirtió que la rotulación de ambulancias, bienes patrimoniales, vallas y plataformas digitales con simbología partidista contamina la institucionalidad y desvía el presupuesto público de las verdaderas prioridades del pueblo cojedeño, tales como la atención en hospitales, la educación y los servicios básicos.
Ante este escenario, se hizo un llamado a restituir el carácter imparcial de la administración pública y a respetar el patrimonio común de la ciudadanía.
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