El canciller británico, Ed Miliband, confirmó la autorización formal para avanzar en el desarrollo hidrocarburífero del yacimiento Sea Lion, ubicado a 240 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La concesión fue asignada a la empresa israelí Navitas y a la firma británica Rockhopper, en una fase que prevé la perforación de 23 pozos y una capacidad de extracción estimada en 180.000 barriles diarios de crudo mediante dos buques de producción flotantes.
La ratificación de Londres se produce tras la demanda presentada por el Gobierno de Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, en la que se solicitaron medidas provisionales. A pesar del reclamo legal y de los cuestionamientos diplomáticos planteados por el presidente argentino Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, el Ejecutivo británico respaldó la operación fundamentándose en su legislación colonial de 1994, normativa no reconocida por Buenos Aires.
La decisión también generó debate interno en el Reino Unido, donde sectores del Partido Conservador criticaron la contradicción de restringir la exploración en el Mar del Norte mientras se avalan proyectos en el Atlántico Sur. Frente a la escalada de tensiones y la exigencia argentina de retomar las negociaciones de soberanía, las autoridades británicas reafirmaron en foros internacionales su postura de defender la administración del archipiélago ante presiones externas.
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