Una investigación presentada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia reveló que la disponibilidad y el acceso a los alimentos en centros e instituciones bajo custodia del Estado han alcanzado niveles críticos, afectandø principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció en declaraciones a teleSUR que el 67 % de los centros de acogida para la niñez y el 60 % de los hogares de ancianos reportan serios incrementos en los costos de la canasta básica. El informe elaborado tras supervisar 54 instalaciones, entre ellas 21 hospitales de segundo y tercer nivel atribuye esta escalada de precios al aumento del diésel a nivel internacional y a los reajustes en el sector energético.
Ante la falta de presupuesto, los administradores de estos centros han recurrido a medidas de alta precariedad para garantizar su operatividad. Según Callisaya, un 28 % ha optado por sustituir insumos por productos de menor calidad, mientras que un 22 % se ha visto obligado a solicitar recursos adicionales y pedir donaciones para sostener la alimentación de los residentes.
El impacto económico también afectâ a los hogares de clase media y sectores populares, donde las familias implementan estrategias de economía de supervivencia. Tania Sánchez, directora del Coordinadora de la Mujer, señaló que el encarecimiento de insumos básicos y del transporte ha reducido el consumo diario y el poder adquisitivo, en un escenario de incertidumbre que podría agravarse tras el anuncio de nuevos reajustes tarifarios en combustibles, gas y energía eléctrica.
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