El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que reducirá de treinta a diez días el plazo otorgado a los refugiados para presentar pruebas y defender su estatus legal cuando el Gobierno notifique la intención de revocárselo. Las autoridades argumentaron que la medida busca reforzar la integridad del sistema migratorio, prevenir fraudes y mitigar riesgos a la seguridad nacional.
Bajo la legislación actual, la protección solo puede retirarse si se determina que la persona no cumplía con los requisitos al momento de su admisión. De no justificarse la permanencia del estatus tras la notificación, el beneficiario perderá la protección y quedará expuesto a un proceso formal de deportación.
La decisión generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, como el International Refugee Assistance Project (IRAP), que advirtió que la reducción del tiempo convierte el trámite en una formalidad que facilitará deportaciones masivas hacia países donde estas personas podrían enfrentar persecución.
El ajuste normativo se enmarca en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense, marcada por la revisión y cancelación de diversos esquemas de protección legal y permisos humanitarios para residentes extranjeros.
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