Ante la falta de un marco regulatorio unificado por parte del Congreso de Estados Unidos, diversas ciudades y estados de ese país han comenzado a implementar ordenanzas locales para limitar, condicionar o vetar la circulación de vehículos autónomos operados por empresas como Waymo, Zoox y Tesla.
La inacción en el plano federal trasladó la potestad regulatoria a concejos municipales y legislaturas estatales, creando un fragmentado mosaico de normativas según la jurisdicción.
Aunque las autoridades locales carecen de competencias sobre los estándares de manufactura automotriz, ejercen control directo sobre el uso de las vías públicas. En Minneapolis, el Concejo Municipal debate una propuesta impulsada por la concejala Robin Wonsley que exigiría un supervisor humano a bordo de cada unidad, medida que las tecnológicas califican como una prohibición implícita. En una línea similar, el Concejo de San Diego restringió las operaciones de Waymo en su aeropuerto internacional y otorgó potestad a los cuerpos de emergencia para intervenir estas unidades durante incidentes, al tiempo que los bomberos de Austin expresaron inquietud técnica sobre la respuesta operativa de modelos sin volante ni pedales como el Cybercab de Tesla.
La tensión alcanzó también a Washington D.C., donde un proyecto impulsado por el concejal Charles Allen busca fijar un límite de 200 unidades por flota, posponer el servicio comercial hasta 2028 y aplicar un impuesto por milla recorrida destinado al transporte público y a la compensación de conductores de aplicaciones. La iniciativa cuenta con el respaldo de la futura alcaldesa Janeese Lewis George, quien catalogó de irresponsable la aceleración de estas licencias en medio de una crisis de empleo local.
El fenómeno ha alterado la dinámica política tradicional, mostrando cautela regulatoria en urbes predominantemente demócratas como Nueva York, Chicago y la capital estadounidense. Mientras empresas como Waymo sostienen más de 500.000 trayectos semanales en 15 ciudades del país, el debate regulatorio sumará un nuevo capítulo con las votaciones previstas en el Concejo de Washington D.C. antes de finalizar el año.
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