A pocos días de las elecciones de medio mandato, la jueza federal Trina Thompson, del distrito norte de California, ordenó este viernes al Departamento de Justicia de Estados Unidos cesar de inmediato las amenazâs de procesamiento penal contra funcionarios electorales estatales y locales en el marco de disputas sobre los requisitos para votar.
La resolución, dictada a raíz de una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otros grupos, prohíbe también a la Administración exigir la purga de votantes en los padrones, el rechazo de papeletas o la separación de sufragios bajo alegaciones sobre la elegibilidad de los electores.
Asimismo, el fallo obliga al Departamento de Justicia a notificar formalmente a los funcionarios que recibieron advertencias previas para informarles que dichas acciones están prohibidas por la justicia.
La magistrada Thompson fundamentó su decisión señalando que el interés público exige garantizadas las condiciones para que los trabajadores electorales desempeñen sus labores conforme a la ley federal y los procedimientos establecidos. Este fallo refuerza una serie de reveses judiciales contra las iniciativas del Gobierno para revisar el censo electoral, sumándose a la reciente negativa del juez David Carter respaldada por un tribunal de apelaciones de anular hasta 20.000 votos en California.
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