El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, se puso a disposición de las autoridades policiales la noche del viernes en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, tras emitirse una orden de captura en su contra vinculada al escándalo financiero del sector bancario.
El exfuncionario acudió a la dependencia en compañía de su defensa legal, luego de que la Comandancia policial formalizara la requisitoria judicial. De acuerdo con voceros oficiales, el extitular del emisor será recluido en la Agrupación Especializada a la espera de su comparecencia ante el Ministerio Público. Carvallo había estado al frente de la institución desde septiembre de 2023 hasta su dimisión presentada el pasado 3 de noviembre, en plena fase de intervención y resolución de ueno bank.
La presentación del exfuncionario coincidió con un despliegue de fiscales en la sede central del BCP. La comitiva judicial, integrada por los agentes Silvia González y Cristian Benítez, ejecutó un allanamiento enmarcado en la ampliación de una querella penal que también salpica al exmandatario Santiago Peña y al ex ministro de Economía Carlos Fernández.
El proceso legal responde a una denuncia introducida por un grupo pluripartidario de parlamentarios, conformado por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain,además de los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Johanna Ortega y Bille Vaesken. La investigación busca dilucidar supuestos delitös de lesïón de confianza y omisión de controles frente al manejo de fondos estatales depositados en la institución financiera privada.
La imputación apunta a la presunta inacción del órgano supervisor ante operaciones detectadas entre mayo y noviembre de este año, periodo en el que ueno bank habría otorgado préstamos a firmas conectadas por más de 743.000 millones de guaraníes y realizado transferencias de carteras por 74 millones de dólares, transacciones que el equipo técnico interno habría calificado como prohibidas sin que se exigieran planes de regularización.
Asimismo, el expediente judicial detalla una alta concentración de recursos públicos en el banco. Al cierre de septiembre, la entidad administraba alrededor de 3,6 billones de guaraníes y 233 millones de dólares en fondos estatales, cifras que equivalían al 18,2 % de los depósitos oficiales en moneda local y al 22,9 % en moneda extranjera.
Entre los organismos afectados figuran el Ministerio de Economía, la empresa eléctrica estatal ANDE, la Binacional Itaipú y el Instituto de Previsión Social (IPS), este último con un incremento exponencial en sus colocaciones que pasaron de 80.000 millones de guaraníes en 2023 a 2,2 billones en 2025. Las pesquisas buscan establecer si existieron omisiones deliberadas y complicidad institucional para beneficiar a la entidad financiera.
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