El auge de las plataformas de hospedaje turístico y alquileres de corta estancia ha generado un debate jurídico constante dentro de las comunidades residenciales en Venezuela. La discusión gira en torno al choque entre el derecho de disposición que tiene cada propietario sobre su inmueble y el derecho a la seguridad, privacidad y descanso que exige la comunidad de copropietarios.
De acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal y el Código Civil venezolano, el destino fijado en el Documento de Condominio es ley entre las partes. En este sentido, si un apartamento está calificado exclusivamente para uso residencial, no puede destinarse a fines comerciales de hospedaje rotativo sin contar previamente con la autorización unánime exigida por la normativa vigente.
Asimismo, la explotación regular de alojamientos temporales escapa del régimen de arrendamiento ordinario y pasa a regirse por las regulaciones propias de la actividad turística y tributaria municipal. Esto implica que quienes operan bajo esta modalidad requieren tramitar permisologías específicas ante las autoridades competentes para operar dentro del marco de la ley.
Ante estas situaciones, las juntas de condominio tienen límites claros y no pueden aplicar medidas de hecho arbitrarias, como el bloqueo inconsulto de accesos o la retención de llaves, ya que esto configura un abuso de derecho. La resolución de estos conflictos debe canalizarse a través de asambleas formales, ordenanzas de convivencia ciudadana o procesos de mediación en Justicia Municipal, resguardando así la convivencia armónica y el valor patrimonial del inmueble.
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Noticias 24 Hras / Melissa Espinoza
