Un gravë drama humanitario envuelve el caso de Marilú Paredes, una abuela venezolana de 66 años que fue deportada sorpresivamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) hacia Bangui, capital de la República Centroafricana. La detención de Paredes ocurrió durante una cita migratoria de rutina en Luisiana, desestimando una medida de protección legal vigente que impedía su expulsión.
Según denunciäs de los familiares, oficiales de ICE engañaron a Paredes y a un grupo de ocho mujeres cubanas y una peruana, asegurándoles que serían trasladadas a Miami. En su lugar, las enviaron maniatadas a África. Al llegar, las autoridades estadounidenses les confiscaron sus pasaportes y teléfonos celulares, dejándolas desprotegidas en una zona de alto riesgø.
Ante la gravedäd de la situación, su hija, Maylú López, inició una campaña urgente en redes sociales para recaudar fondos que permitan costear la asistencia consular y legal en un país donde no cuentan con redes de apoyo. Organizaciones de derechos humanos y familiares exigen la pronta intervención de la comunidad internacional para salvaguardar la vida de las afectadäs y facilitar su retorno.
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