La Asamblea Nacional (AN) de la República Bolivariana de Venezuela instaló este jueves una sesión extraordinaria para debatir, como punto único en el orden del día, el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta iniciativa, calificada por el Ejecutivo Nacional como un «pilar para la paz», propone un perdón jurídico que abarca los eventos de viølencia política registrados desde 1999 hasta la actualidad.
La propuesta surge tras el anuncio realizado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha subrayado la necesidad de «reparar las herïdas que ha dejado la confrøntación» y reencauzar la justicia hacia la coexistencia pacífica. El debate de hoy marca la primera discusión del texto legal, donde se evaluará el espíritu de la norma antes de pasar a una consulta pública y una posterior aprobación artículo por artículo.
Según el borrador presentado ante la plenaria, la ley busca beneficiar a personas detenidas o procesadas por causas políticas, permitiéndoles reincorporarse a la vida civil y democrática. No obstante, en estricto cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales, el proyecto establece límites claros:
* Sujetos a Amnistía: Actores políticos y civiles procesados por hechos derivados de la polarización política desde el inicio del período actual de gobierno en 1999.
* Exclusiones: No podrán optar a este beneficio quienes estén incursos en:
* Viøląciones graves a los derechos humanos.
* Crímënęs de lesa humanidad y crímenes de guerra.
* Hømicïdiø intencional, nãrcøtráfico y casos de cørrüpción administrativa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó su expectativa de que la ley sea aprobada por unanimidad, enviando un «mensaje potente» de estabilidad al país y a la comunidad internacional. Por su parte, diversos sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han recibido la propuesta con cautela, instando a que el proceso sea transparente, incluya a las víctimäs y no derive en discrecionalidades judiciales.
Tras la aprobación en esta primera discusión, la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia Democrática iniciarán una fase de consulta nacional. Se espera que el instrumento legal definitivo se sancione en las próximas semanas, coincidiendo con otras medidas de distensión como el cierre de centros de rëclusión emblemáticos y el impulso de un nuevo diálogo nacional.
Con información: Venezuela new
