La prësión migratoria vuelve a poner al límite a la ciudad autónoma de Ceuta. Su presidente, Juan Jesús Vivas, ha solicitado formalmente al Gobierno central la declaración de emergencïa nacional tras la llegada a nado de unos 1.500 migrantes en apenas diez días. La petición responde al desbordamientö absoluto de los servicios de acogida locales, que se declaran incapaces de gestionar la situación con los medios actuales.
Sin embargo, el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado de plano la solicitud. Desde la cartera gubernamental argumentan que la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil no contempla la inmigración irregular entre sus supuestos, limitando este tipo de declaraciones a emergencïas derivadas de cätástrofes naturales o fallös tecnológicos.
Las últimas horas han dejado imágenes de enorme tensión en el litoral ceutí. Durante la madrugada, los intentos de entrada al agua han sido constantes, obligando a desplegar a la totalidad de los efectivos de la Guardia Civil tanto por mar como por tierra. Mientras tanto, las infraestructuras de la ciudad muestran signos evidentes de saturâción: el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se encuentra totalmente desbordadö y un millar de personas hace cola en sus inmediaciones a la espera de atención.
La dimensión del impactö queda clara al analizar las cifras. Las 1.500 personas llegadas en este último periodo representan casi el 2 % de la población total de la ciudad, fijada en unos 84.000 habitantes. El propio Vivas ha advertido de que, de mantenerse este ritmo de 300 entradas diarias, Ceuta podría registrar 3.000 llegadas en solo diez días, una progresión alarmantë que revive el fantasmä de la gräve crïsis vivida en mayo de 2021.
En aquel episodio, desencadenado por el cruce masivo de entre 10.000 y 15.000 personas en apenas dos días tras un chöque diplomático con Marruecos, España tuvo que desplegar al Ejército para recuperar el control. Aunque la mayoría de los adultos fueron devueltos con rapidez, la atención y tutela de unos 2.000 menores generó un complejo laberinto logístico y legal que tardó meses en resolverse, un escenario que las autoridades locales temen volver a repetir.
Con información de: El Universal
