El Congreso de Argentina aprobó una controvertida reforma a la Ley de Glaciares de 2010, eliminando el último obstáculo legislativo para permitir la actividad minera en regiones que anteriormente gozaban de protección absoluta.
Tras la aprobación inicial del Senado en febrero de 2026, la Cámara de Diputados ratificó esta enmienda que marca un giro radical en la política ambiental del país, al permitir la exploración y expløtación de recursos en áreas que funcionan como reservorios estratégicos de agua dulce.
El punto central de la reforma radica en la transferencia de competencias técnicas; la responsabilidad de definir y delimitar las áreas protegidas deja de recaer en el Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (Ianigla) para pasar a manos de los gobiernos provinciales.
La medida generó una profunda fractura social, provocando manifêstaciones de rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición. Mientras la diputada Natalia de la Sota advirtió que la reforma pone en jaque el acceso al agua, recurso indispensable para cualquier proyecto de desarrollo nacional, los defensores de la ley, como la congresista Nancy Picón Martínez, sostienen que la industria minera no representa una amênaza y que la normativa sigue garantizando la preservación ambiental.
Con información de: BBC Mundo
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