Los partidos Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, agrupaciones de la derecha tradicional que integran la sustentación política del Ejecutivo chileno encabezado por el presidente José Antonio Kast, cuestionaron públicamente la conducción del Ministerio de Justicia tras conocerse la emisión de decretos de beneficios penitenciarios. Las dirigencias aliadas exigieron una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos y las responsabilidades institucionales asociadas a la firma de resoluciones que otorgaron reducciones de condena por buena conducta a 56 personas sentenciadas por pederastia y a dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La controversia se centra en la gestión del titular de la cartera de Justicia, Fernando Rabat, quien suscribió los decretos correspondientes entre los meses de marzo y septiembre del presente año. Desde Roma, tras sostener un encuentro bilateral con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el mandatario José Antonio Kast respaldó a su ministro al declarar que el cese de funciones ejecutivas compete de manera exclusiva a la Presidencia de la República y no a solicitudes formuladas desde el Poder Legislativo. Por su parte, sectores de la oposición parlamentaria de izquierda anunciaron la promoción de un juicio político en contra del funcionario.
El conflicto político tiene lugar en medio de una contracción en los niveles de aprobación del mandatario chileno, situándose por debajo del 30 % según los registros de medición pública, la cifra más baja reportada tras casi ocho meses de gestión presidencial. Diversos sectores políticos y parlamentarios prevén continuar los debates sobre la revisión de las medidas otorgadas en el ámbito penal e institucional.
Noticias 24 horas / Fabiana Almeida
Foto cortesía Shutterstock
